- El consejero presidente del INE recordó que “nunca en la historia se había procedido penalmente en contra de consejeras y consejeros por el simple hecho de tomar una determinación que incomoda políticamente al poder”.
CIUDAD DE MÉXICO.– La denuncia penal interpuesta por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena), “traspasó una frontera que debería ser infranqueable”, pues “se pretendió usar el brazo penal del estado, para amedrentar y amenazar a miembros de un órgano del mismo estado, por el simple hecho de que piensan distinto”.
Así lo denunció el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova Vianello, quien consideró que esa persecución es propia de “las peores prácticas de los regímenes autoritarios”.
Recordó que “nunca en la historia, desde que se fundó el IFE (Instituto Federal Electoral, predecesor del INE) en 1990, se había procedido penalmente en contra de sus consejeras y consejeros por el simple hecho de tomar una determinación que incomoda políticamente al poder”.
“Perseguir a servidores públicos por tomar acuerdos y recurrir a otros poderes para tratar de cumplir con sus responsabilidades legales, implica criminalizar el derecho a disentir”, dijo Córdova Vianello.
Agregó que el esfuerzo del INE por cumplir con su mandato constitucional “no debería ser motivo ni de censura ni mucho menos de persecución penal o política”.
El morenista Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, quien presentó la denuncia, respondió este lunes: “Lorenzo miente: (1) No se le persigue como afirma. Se victimiza; 2. Las acciones que se tomaron en su momento no fueron por ‘pensar diferente’, como cobardemente señala. Fueron por acciones ilegales, premeditadas y dolosas que implicaron una violación a una suspensión de la SCJN”.
PRESIONARON PARA RETIRAR DENUNCIAS
En un mensaje de año nuevo, videograbado y difundido en redes sociales, Córdova insistió en que se trata de un evento de suma gravedad “que en una democracia se pretenda utilizar el aparato de justicia para amedrentar a quienes son vistos como adversarios”. Consideró que “se traspasó una frontera que debería ser infranqueable y en la que se sustenta todo el arreglo democrático”.
Más aún cuando, dijo, fue “el presidente de un poder, en el que además está representada la pluralidad de la nación, haya recurrido a denuncias penales para tratar de encarcelar a quienes no opinamos igual que él”.
El diputado Sergio Carlos Gutiérrez Luna (Morena) presentó una denuncia penal contra seis de los 11 consejeros del INE por haber suspendido el proceso de consulta para revocación de mandato de AMLO que promueve el mismo mandatario y su partido.
Admitió que Gutiérrez Luna recibió presiones de académicos, formadores de opinión, asociaciones gremiales, organizaciones sociales, actores políticos, “y hasta del presidente de la República”, y reconoció al diputado por rectificar y retirar la denuncia.
Sin embargo, explicó, “las denuncias penales contra los servidores públicos se persiguen de oficio, y hoy siguen su curso ante la Fiscalía General de la República (FGR)”. Pidió, asimismo, que la dependencia desestime dicho procedimiento.
REVOCACIÓN CUESTA 3 MIL 800 MILLONES… TIENEN MIL 500
El consejero presidente del INE también explicó que continúa el proceso de verificación de firmas de apoyo a la revocación de mandato del presidente de la República.
Detalló que en las próximas semanas podrá saberse si se alcanzaron los requisitos legales y en consecuencia, el INE emitirá la convocatoria respectiva, “a pesar de que no contamos con los recursos presupuestales necesarios con las características y modalidades que nos exige la ley de la materia”.
Agregó que en acatamiento al acuerdo de la Comisión de Receso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y de una sentencia del Tribunal Electoral, de el pasado jueves (30 de diciembre), el Consejo General acordó continuar con los trabajos y hacer un nuevo esfuerzo por tratar de incrementar los mil 503 millones de pesos que hasta ahora logramos reunir.
“No hay que olvidar que el costo total de la revocación de mandato, si cumpliéramos con lo que la ley exige, sería de 3 mil 800 millones de pesos”, dijo.
Expuso que la idea es cumplir, “sin afectar o comprometer nuestras facultades constitucionales, legales y estatutarias, ni los derechos laborales de quienes trabajan en el instituto. Si después de ese nuevo esfuerzo aún hacen falta recursos, estos se le solicitarán a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y si los mismos no son entregados, la revocación de mandato se realizará con el presupuesto disponible, y sólo con las características y modalidades que puedan fondearse”.
Información de EMEEQUIS
