- Más de 36 mil personas tuvieron que abandonar su vivienda a causa de la violencia durante 2021 y al menos 357 mil tuvieron que refugiarse en los últimos años.
CIUDAD DE MÉXICO.- La Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado lleva más de un año paralizada en el Senado sin que se fije una fecha para su debate y aprobación. Desde el 19 de septiembre de 2020, cuando la norma recibió el visto bueno de la Cámara de Diputados por unanimidad, el texto no se ha movido.
La iniciativa prevé que la Comisión Mexicana de Ayuda al Refugiado (Comar) se haga cargo de las personas que se ven obligadas a abandonar su lugar de residencia a causa de acciones violentas. Hasta que los senadores no la impulsen, no existe una respuesta integral para un problema que apenas se reconoce desde 2019.
Organizaciones de la sociedad civil como Serapaz o la Comisión Mexicana para la Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) acompañan a las víctimas y defienden mejoras en el borrador de la norma.
No hay cifras oficiales sobre cuántas personas fueron desplazadas en México. La CMDPDH lleva contabilizadas, solo este año, más de 36 mil personas obligadas a dejar su casa. Se trata de la cifra más alta desde que esta organización realiza sus estimaciones y casi cuadriplica las más de 9 mil registradas el año pasado.
Los estados más castigados son Michoacán, Chiapas, Guerrero y Zacatecas. En total, el Centro de Monitoreo del Desplazamiento Interno (IDMC, por sus siglas en inglés), dependiente del Consejo Noruego para los Refugiados, tiene contabilizados 357 mil desplazados internos, aunque la cifra podría ser mucho mayor.
El gobierno de Andrés Manuel López Obrador es el primero que reconoce el problema, ya que los anteriores negaban incluso la existencia de desplazados internos. Ahora falta el siguiente paso: aprobar la ley y dotar de presupuesto a las instituciones para poder atender a las víctimas.
“Se registraría a las personas, se les atendería en el lugar donde están. Habría mecanismos de prevención y alerta temprana, se buscarían soluciones duraderas junto a las comunidades”, dice en entrevista Andrés Ramírez, coordinador general de la Comar y la persona que estará a cargo de la atención institucional a los desplazados.
Ramírez explica que la aprobación por parte del Senado de la ley es un paso clave, pero que también están pendientes establecer una estructura (sobre la que ya están trabajando), dar luz verde al presupuesto y poner en marcha un diagnóstico que estará en manos del Consejo Nacional de Población (Conapo).
La gran pregunta es por qué el proyecto quedó atorado en el Senado cuando tenía el aval de todos los grupos en la Cámara de Diputados. “Parece que han tenido otras prioridades”, dice Ramírez.
Actualmente hay tres minutas pendientes de debate: una, la que ya fue aprobada por la Cámara Baja y otras dos presentadas por dos senadores: Emilio Álvarez Icaza, del Grupo Plural, y Nestora Salgado, de Morena.
Información de Animal Político
