- Javier Carrasco Solís, Director Ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), señala que está exhibición afectaría a quienes sean expuestos, sin importar los delitos de los que se les podría acusar penalmente, e implicaría un retraso al sistema penal implementado.
CIUDAD DE MÉXICO.- El 25 de enero de este año el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, anunció que en su conferencia matutina tendrán una nueva sección, la cual se dedicará a la presentación de “detenidos por crímenes ocurridos contra los ciudadanos”.
Sin importar los delitos de los que se les podría acusar penalmente, presentar a las personas detenidas en este espacio de la llamada mañanera, se convertiría en una práctica inquisitiva, de acuerdo con el doctor Javier Carrasco Solís, Director Ejecutivo del Instituto de Justicia Procesal Penal (IJPP), pues en el pasado, se dirigía a las personas a las plazas públicas a exhibirlos, para después ejecutar su castigo.
Al llevarlos a la conferencia de prensa, la máxima autoridad nacional los exhibe y afecta su proceso penal, afirma.
“Porque va a ser presentado como culpable, no como alguien que va a enfrentar un proceso penal y del que esperamos que sus derechos se respeten” señala el abogado.
En tiempos más cercanos las exposiciones ante la prensa también eran parte de la normalidad, sobre todo en el periodo del presidente Felipe Calderón (2006-2012), de quien el actual mandatario es opositor.
Se mostraba a personas detenidas ante los medios y los comunicadores tenían oportunidad de hacerles preguntas y publicar sus perfiles previo a ser presentados ante los jueces, lo que violaba también sus derechos humanos.
Uno de los ejemplos más conocidos es el caso de Florence Cassez, quien fue liberada en 2013, después de demostrar que se violó su derecho al debido proceso, tras ser detenida en 2005 y se comprobara que el operativo que la buscaba formó parte de una transmisión televisiva.
Ante estas acciones en la conferencia presidencial las consecuencias también podrían ser mayores, aclara el doctor Carrasco, el proceso individual de la persona detenida tendría posibilidades de entorpecerse, pues algunos de los contenidos que se exhiban en la prensa pueden ser descartados como pruebas.
De igual manera la presión de periodistas ante la obligación de declarar a las personas detenidas hacia los micrófonos no sólo las someterían a un juicio mediático, sino que podría implicar una tortura en su contra, pues se consideraría coacción psicológica.
También el director ejecutivo de IJPP asegura que se puede comprometer la independencia judicial, ante la presión política ejercida por la presidencia, lo que podría hacer al juez o jueza llegar a una decisión que favorezca la posición del mandatario antes que a la justicia.
Finalmente implicaría un retraso en el sistema penal que ha tomado aproximadamente 10 años de esfuerzos para aplicarse, desde que en 2008 se inició el proyecto y se modificó oficialmente en 2016 para todo el país, por lo que rompería con lo estipulado en la ley, afirma el el abogado.
La presunción de inocencia
Fue durante el año 2016 que se implementaron reformas al Código Nacional de Procedimientos Penales. Transformaron al sistema penal anterior, conocido como inquisitivo y caracterizado por los documentos donde se recuperaban testimonios, tanto de las víctimas como de las personas detenidas, al sistema penal acusatorio, con audiencias públicas y contacto entre jueces, defendidos, ofendidos y defensores.
Dentro de las modificaciones estipuladas las autoridades judiciales y el resto de la población tienen la obligación de mantener el trato de las personas detenidas con el principio de la presunción de inocencia, es decir “el hecho de que una persona la detengan no significa que es culpable, sino que tiene que haber un procedimiento” en el que se le declare como culpable o inocente, afirma el doctor Javier Carrasco.
Se debe estipular si la persona llevará el proceso con una medida en libertad o con prisión preventiva oficiosa y contarán con una defensa. Este sistema permite también que los tiempos se reduzcan, pues las partes pueden llegar a acuerdos.
Sin embargo uno de los problemas actuales, ante la pandemia, ha significado el retraso de los procesos, lo que genera demandas sobre la revisión de los tiempos. Parte de la población a la que se le dictó prisión preventiva oficiosa poco antes o durante el crecimiento de casos de COVID-19, se ha visto obligadas a permanecer sin sentencia privadas de su libertad y los centros penitenciarios continúan siendo puntos de contagio.
A nivel nacional permean las preocupaciones por parte de grupos de la sociedad civil, como el IJPP o Reinserta sobre las condiciones en las que se encuentran las personas privadas de la libertad, los procesos penales que llevan y sus derechos humanos.
Información de ONEA/Patricia San Juan
