- La auditora general del Órgano de Fiscalización enfatizó que el ente es una instancia autónoma y pidió a los funcionarios municipales no dejarse sorprender por quienes les prometen solucionar sus observaciones.
XALAPA, VERACRUZ.- La auditora general del Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (Orfis), Delia González Cobos, afirmó que cualquier dependencia estatal o ayuntamiento que no solvente las irregularidades presentadas en el Informe de la Cuenta Pública 2019 tendrá que enfrentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción.
Explicó que a ningún funcionario con responsabilidad legal se le niega su derecho de audiencia ya que la Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Veracruz es muy clara y señala diversas etapas y oportunidades para que los entes municipales y estatales que fueron auditados puedan solventar las observaciones hechas por el órgano.
En ese sentido, la auditora González Cobos pidió particularmente a los presidentes municipales a no dejarse sorprender por quienes les prometen solventar y solucionar cualquier observación del Orfis, ya que la única forma es hacerlo conforme a la ley vigente.
“Yo le pido a los presidentes municipales y ediles, sobre todo porque ya están por dejar sus encargos, no dejarse sorprender por el canto de las sirenas, de quienes prometen solventar de diversa forma ajena a la que la ley contempla”, enfatizó.
Delia González señaló que el Orfis es una instancia técnica, autónoma y ajena a cualquier tipo de presión, por lo que hacer caso a estás malas prácticas, de querer solventar fuera de la ley las observaciones recibidas, es responsabilidad exclusiva de los funcionarios que las adopten.
Informó que en el caso de los ayuntamientos, el presunto daño patrimonial fue muy elevado, debido a que muchas de las obras públicas no contaban con el expediente completo que exigen las normas vigentes.
Señaló que en muchos de los casos auditados las obras no contaban con el dictamen de validación de la Comisión Nacional del Agua, Pemex o la Comisión Federal de Electricidad, a pesar de que la ley lo exige, e incluso detectaron casos donde fue presentada documentación falsa, en un intento de engañar al Orfis, hechos que ya fueron observados como presunto daño patrimonial en su totalidad y ser procederá en consecuencia.
La auditora general comentó que se ha podido establecer, con base a las revisiones mensuales y trimestrales que hacen de los ayuntamientos, que algunos difícilmente podrán solventar el presunto daño, pero aún así, la ley les otorga la oportunidad de aclararlo en la etapa de substanciación, y en caso de que no lo logren se procederá a realizar la denuncia penal correspondiente.
