- La Administración de Baiden contratará un ejército de agentes que harán el trabajo de los jueces de inmigración para tratar de reducir a seis meses la resolución de casos.
El Gobierno de Estados Unidos afina los últimos detalles de un plan que pretende reducir drásticamente los tiempos de espera para todos los solicitantes de asilo.
La reforma, que será publicada por la Administración demócrata el 29 de marzo y entrará en vigor un mes después, puede convertirse en una herramienta para desahogar decenas de miles de casos atascados en el sistema judicial, un proceso que ha sido afectado notoriamente por la pandemia.
El tiempo de espera de los inmigrantes que reclaman asilo ha aumentado notoriamente. Algunos pueden llegar a esperar hasta cinco años para escuchar a un juez pronunciarse sobre su caso.
La iniciativa también pretende sepultar las duras políticas contra los inmigrantes promovidas por Donald Trump y plantearse una resolución del problema desde “el respeto a los derechos humanos y la dignidad de los migrantes”, según afirma el documento preliminar.
Las autoridades aseguran que la nueva reforma pretende reducir a seis meses el proceso. Este inicia cuando un inmigrante solicita asilo después de cruzar la frontera. La clave es demostrar que en su país de origen corren peligro de ser torturado o asesinado por sus creencias políticas, religiosas o su raza.
De acuerdo al documento preliminar, entre 2016 y 2020 las amenazas creíbles pudieron comprobarse en el 83% de los casos, en 59.280 de 71.363 individuos que pidieron la protección. El Gobierno cree que el cambio en la legislación podría beneficiar a entre 75.000 y 300.000 personas en los próximos años.
“Estamos construyendo un sistema de asilo más sensato y funcional para que los individuos que son elegibles reciban protección velozmente y aquellos que no sean elegibles sean expulsados a sus países rápidamente”, aseguró en un comunicado el secretario de Seguridad Interior, Alejandro Mayorkas.
Estados Unidos registró en 2021 el número récord de peticiones de asilo. La gran mayoría de estas se hicieron por centroamericanos que cruzaron por la frontera sur, una zona problemática para los demócratas que dejó números históricos en el número de ingresos ilegales.
El último trimestre de 2021 se procesaron 412.800 solicitudes de asilo, una cifra superior al promedio anual de los últimos cinco años. El 2022 parece continuar una tendencia de alta migración. En las últimas semanas, se han detenido diariamente un promedio de 13.000 personas.
La guerra en Europa también afectará los cálculos. Washington anunció este jueves que recibirá 100.000 refugiados ucranianos y de otras nacionalidades afectados por la ofensiva de Vladímir Putin contra Ucrania.
Los jueces de inmigración dibujaron algunas semanas el retrato del colapso que ha dejado la pandemia en el sistema judicial. Unos 1.7 millones de casos esperan resolución de algún magistrado especializado. El 40% de estos son temas de asilados.
Un inmigrante detenido en la frontera en 2016 con amenazas comprobables en su país de origen esperaba en promedio 23 días hasta saber que podía quedarse en Estados Unidos. La espera aumentó a 35 días en 2019; 37 días en 2020 (donde hubo menos casos, pero los tribunales estuvieron cerrados) y 25 días en 2021.
El tiempo es mucho mayor para quienes están libres y llevan ya una vida estadounidense. Los casos avanzaban, en promedio, en unos 290 días en 2016. El año pasado fueron necesarios 955 días, unos dos años y medio.
Para desahogar el proceso, la reforma de Biden pretende modificar quién es el primero que puede valorar si son creíbles o no las amenazas.
“Una de las principales características de esta norma es transferir la responsabilidad inicial de adjudicar el asilo, la permanencia o la expulsión de los jueces de inmigración a agentes de asilo de los Servicios de Ciudadanía e Inmigración”, señala el texto de la ley.
Esto quitaría algo de la inmensa presión sobre los 555 jueces de inmigración que hay en el país, pero obliga a la creación de un ejército de agentes de asilo que puedan procesar un mínimo de 75.000 casos cada año, una cifra conservadora.
Los Servicios de Ciudadanía e Inmigración tienen previsto contratar a 2.035 nuevos agentes de asilo, que estarían haciendo el trabajo de los jueces.
La Administración ha recibido fuego amigo de organizaciones de derechos humanos y de inmigración que consideran que hay pocos avances en la materia.
El Gobierno reconoce que el nuevo plan que propone tendrá una implementación lenta y costosa, pues podría aproximarse hasta los 900.000 millones de dólares si deben procesarse 300.000 casos al año. El texto afirma que no será posible financiarla al 100% hasta 2026 por compromisos presupuestarios anteriores.
“Los costos dependerán del tiempo que tomen las contrataciones, pero se espera que el gasto comience el primer año”, indica la norma.
Washington aún debe lidiar con otro tema espinoso en materia migratoria. El Gobierno de Biden ha dejado en vigor el polémico Título 42, una herramienta sanitaria impuesta por Trump que permite las deportaciones en caliente de inmigrantes, principalmente centroamericanos, en la frontera sur. La Administración demócrata ha preferido continuarla a pesar del creciente coro crítico dentro del partido, que pide su fin.
“Es imperativo que todos tengan los mismos derechos”, afirmaba este jueves la congresista por Florida, Sheila Cherfilus, hija de haitianos emigrados.
La legisladora considera que es una medida “antiinmigrante” que dificulta la “postura moral” que Biden y su equipo pretende proyectar en el tema migratorio.
Información del El País
